La Marina Real Juan Carlos I cumple estos días 4 años de vida y de muerte casi absoluta por la falta de acuerdo entre las tres administraciones que componen el Consorcio Valencia 2007 para darle actividad y rentabilizar la ingente cantidad de dinero que costó el proyecto. Lejos de sentarse a negociar, las únicas palabras que cruzan los responsables del Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno central son reproches y acusaciones mutuas sobre la responsabilidad del atasco. Ayer tuvo lugar el último episodio en este sentido. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, aseguró que la Administración central trabaja en un proyecto de futuro para la dársena e instó al ayuntamiento y a la Generalitat a que paguen la deuda que tienen con el consorcio. Por su parte, el concejal de Deportes, Cristóbal Grau, le recordó que lo que importa es el "presente" y que la deuda del consorcio ha de pagarse precisamente con la explotación de la marina.
El origen de este nuevo cruce de acusaciones son unas palabras de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en las que aseguraba que se podría mejorar la llegada de embarcaciones "moviendo la dársena" del puerto de Valencia.
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