La junta de Gobierno del pasado mes de mayo aprobaba un acuerdo donde se solicitaba una prórroga forzosa a la aseguradora AXA hasta el próximo 15 de septiembre mientras tramita el próximo seguro que tendrán los vehículos de la Policía Local. Esta prórroga debería estar en vigor en estos momentos, aunque una decena de los vehículos patrullan con el seguro caducado desde junio, tal y como aparece en la Dirección General de Tráfico y como así denunció ayer el sindicato UGT. La Policía Local, no obstante, insistió ayer en que todos los vehículos con los que trabajan los agentes cumplen con la normativa de tráfico. «En estos momentos se está tramitando el próximo seguro, pero la cobertura para la responsabilidad civil, voluntaria y defensa jurídica de cada uno de los vehículos de la Policía Local es la misma hasta el momento del cambio de compañía porque así se acordó con la prórroga forzosa», puntualizaron fuentes municipales.
Pero a efectos de DGT los vehículos continúan sin un seguro y la sanción por no tener este trámite en vigor asciende a 1.500 euros más la inmediata inmovilización del vehículo que supone 140 euros como mínimo.
A pesar de este error administrativo, el Ayuntamiento insiste en que los vehículos están perfectamente asegurados. Pero lo cierto es que si esta misma situación le hubiera ocurrido a un ciudadano de a pié habría tenido que pagar la cuantiosa sanción, puesto que la DGT tiene la base de datos con todos los vehículos así como sus compañías aseguradoras. «Si en la DGT no figura, ya puede un conductor explicar los acuerdos o los pactos a los que ha llegado privadamente con su compañía, que recibiría la sanción, luego debería acudir a realizar las reclamaciones que fueran oportunas. Esta es la norma para todos y cada unos de los ciudadanos», explicaba ayer un agente. Desde UGT se insiste en que denuncian esta situación porque quieren trabajar sin ninguna laguna legal.
viernes, 19 de agosto de 2011
Barbera recurrira la devolucion de 96 millones al Gobierno
Segundo recurso contra los errores del Gobierno. El Ayuntamiento recurrirá este otoño la orden del Ministerio de Economía que rectifica a la baja las transferencias corrientes de 2009, previstas este año en 261 millones de euros y donde ahora se pretenden descontar 96 millones.
La resolución llegó el pasado día 2, indicaron ayer fuentes municipales. El Consistorio tiene un plazo de dos meses para presentar un recurso en la Audiencia Nacional, lo que se da por seguro. La alcaldesa Barberá justificó esta decisión ya en el primer recurso, que también trastocó las cuentas municipales al enmendar el Ejecutivo socialistas las transferencias de 2008.
Entonces fueron 30 millones de euros, precisaron las mismas fuentes, que deben devolverse en cinco anualidades. El sistema es que se descuentan seis millones al año por este concepto, una quita que ya se hizo efectiva el 1 de enero de este año, indicaron desde la concejalía de Hacienda.
Ahora ocurrirá lo mismo con la liquidación de 2009, aunque a una escala mucho mayor. Dividido entre cinco años, la cifra a devolver será de 19,2 millones en cada ejercicio, es decir, que el Ayuntamiento dejará de ingresar en 2012 por el cálculo erróneo del Gobierno 25,2 millones de euros.
Esto equivale a poco menos de la operación de crédito que tuvo que adelantar el Ayuntamiento el pasado año, 30 millones de euros, para sortear la prohibición del Gobierno a nuevos endeudamientos a los municipios con un índice de deuda superior al 75%. La medida refleja las dificultades de los responsables municipales para cuadrar las cuentas del Presupuesto, que descendió por primera vez para quedarse en 788 millones de euros.
Los recursos presentados en al Audiencia Nacional no paralizarán los descuentos ordenados por el Ministerio de Economía, a no ser que se incluya la petición de paralización. El conflicto abierto entre el Consistorio y el Ministerio se extiende al resto de Ayuntamientos, que también han visto cómo se reducirán las aportaciones.
Las noticias económicas no son buenas para el gobierno municipal en los últimos meses. El padrón del Impuesto de Vehículos ha bajado por segundo año consecutivo, mientras que se han estancado los ingresos por el Impuesto de Actividades Económicas, como adelantó este periódico.
Eso ha obligado a apretar un agujero más el cinturón del capítulo de gastos. El vicealcalde, Alfonso Grau, anunció a principios de este mes un nuevo plan de apagado de parte del alumbrado público, así como el aumento de la eficiencia energética en los edificios municipales.
Y en los próximos meses verá la luz el encargo hecho a los técnicos para unir la mayoría de los contratos de mantenimiento, también con el propósito de reducir los gastos generales que producen ahora el número elevado de empresas que trabajan para el Ayuntamiento. En su lugar, se plantea un reparto de las contratas por zonas.
La resolución llegó el pasado día 2, indicaron ayer fuentes municipales. El Consistorio tiene un plazo de dos meses para presentar un recurso en la Audiencia Nacional, lo que se da por seguro. La alcaldesa Barberá justificó esta decisión ya en el primer recurso, que también trastocó las cuentas municipales al enmendar el Ejecutivo socialistas las transferencias de 2008.
Entonces fueron 30 millones de euros, precisaron las mismas fuentes, que deben devolverse en cinco anualidades. El sistema es que se descuentan seis millones al año por este concepto, una quita que ya se hizo efectiva el 1 de enero de este año, indicaron desde la concejalía de Hacienda.
Ahora ocurrirá lo mismo con la liquidación de 2009, aunque a una escala mucho mayor. Dividido entre cinco años, la cifra a devolver será de 19,2 millones en cada ejercicio, es decir, que el Ayuntamiento dejará de ingresar en 2012 por el cálculo erróneo del Gobierno 25,2 millones de euros.
Esto equivale a poco menos de la operación de crédito que tuvo que adelantar el Ayuntamiento el pasado año, 30 millones de euros, para sortear la prohibición del Gobierno a nuevos endeudamientos a los municipios con un índice de deuda superior al 75%. La medida refleja las dificultades de los responsables municipales para cuadrar las cuentas del Presupuesto, que descendió por primera vez para quedarse en 788 millones de euros.
Los recursos presentados en al Audiencia Nacional no paralizarán los descuentos ordenados por el Ministerio de Economía, a no ser que se incluya la petición de paralización. El conflicto abierto entre el Consistorio y el Ministerio se extiende al resto de Ayuntamientos, que también han visto cómo se reducirán las aportaciones.
Las noticias económicas no son buenas para el gobierno municipal en los últimos meses. El padrón del Impuesto de Vehículos ha bajado por segundo año consecutivo, mientras que se han estancado los ingresos por el Impuesto de Actividades Económicas, como adelantó este periódico.
Eso ha obligado a apretar un agujero más el cinturón del capítulo de gastos. El vicealcalde, Alfonso Grau, anunció a principios de este mes un nuevo plan de apagado de parte del alumbrado público, así como el aumento de la eficiencia energética en los edificios municipales.
Y en los próximos meses verá la luz el encargo hecho a los técnicos para unir la mayoría de los contratos de mantenimiento, también con el propósito de reducir los gastos generales que producen ahora el número elevado de empresas que trabajan para el Ayuntamiento. En su lugar, se plantea un reparto de las contratas por zonas.
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