El Ayuntamiento de Valencia empieza una nueva campaña para potenciar el pequeño y mediano comercio de la ciudad, bajo el lema “Este otoño es para comprar”. Esta iniciativa, lanzada a través del Servicio de Comercio y Abastecimientos, tiene como objeto premiar la fidelidad de los clientes del comercio local mediante el sorteo de 6.000 €, repartidos en 36 cheques-regalo, que podrán gastarse en cualquiera de los comercios participantes en la campaña.
Desde hoy hasta el día 22 de octubre, los vendedores tendrán de plazo para repartir los boletos correspondientes entre los clientes que hagan compras en sus establecimientos, quienes deberán rellenarlos para poder participar en el sorteo de los cheques-regalo. Los 6.000 € del premio estarán divididos en los 36 cheques de la siguiente manera: un cheque-regalo de 500 €, cinco de 300 €, diez de 200 € y veinte de 100 €.
Una vez realizado el sorteo, que será entre los días 26 de octubre y 11 de noviembre, los agraciados podrán canjear el cheque en el comercio participante que elijan hasta el día 21 de noviembre.
Esta campaña comercial se enmarca dentro de la política municipal de promoción del pequeño y mediano comercio de la ciudad. La concejala de Comercio y Abastecimientos, Mª Jesús Puchalt, afirma que “este tipo de campañas repercuten muy positivamente en los beneficios de los comercios que participan, ya que para optar a boletos los clientes deben hacer compras y, al fin y al cabo, los que resultan premiados con los cheques-regalo también realizan compras en el comercio local”.
martes, 20 de septiembre de 2011
LA ALCALDESA PIDE AL GOBIERNO CENTRAL QUE SUSPENDA LA EXIGENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES RECLAMADAS EN LOS INGRESOS AL ESTADO
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha acusado al Gobierno Central, y especialmente a la ministra de Economía, Elena Salgado, de llevar a cabo “una política nefasta y engañosa con las corporaciones locales; “una política antimunicipalista”. Poco después ha anunciado la presentación de un recurso contencioso administrativo en el que pide que se anule la exigencia a los gobiernos locales de que devuelvan las cantidades mal liquidadas por el Estado durante los ejercicios 2008 y 2009, o al menos que esta exigencia de devolución que está perjudicando seriamente a todos los ayuntamientos y corporaciones locales se retrase 10 años.
Rita Barberá ha informado de que ha enviado una copia de esta carta a todos los alcaldes y alcaldesas de capitales de provincia, a todas las presidentas o presidentes de diputación para que se sumen a esta propuesta y los ayuntamientos no se vean afectados en su estabilidad presupuestaria por un error generado desde el Gobierno Central al liquidar mal la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado durante esos dos ejercicios.
Ha afirmado que ha sido el Gobierno Central el que se ha saltado la estabilidad presupuestaria al calcular la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado, de lo cual se derivan graves consecuencias que van a ser especialmente importantes en el próximo ejercicio ya que los presupuestos se van a prorrogar debido a la celebración de las elecciones generales.
La cantidad que el Ayuntamiento deberá devolver tras las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 asciende a 126.462.179,95 euros, de los cuales el próximo año le corresponde devolver la quinta parte de los 96.414.562,63 euros correspondientes a la liquidación del año 2009, más otra quinta parte de los 30.047.617,32 euros de 2008. En la carta que dirige a la vicepresidenta del Gobierno para Asuntos económicos y ministra de Economía y Hacienda, se afirma textualmente que esta minoración de la financiación al Ayuntamiento de Valencia “deriva de su exclusiva responsabilidad por erróneas decisiones adoptadas por ese Ministerio”.
La alcaldesa Rita Barberá ha dicho que se inicia el proceso de elaboración del presupuesto del año 2012 partiendo de esa obligación de reintegrar a las arcas del Estado 25.292.435,99 euros, lo que sin duda perjudica gravemente el principio de estabilidad presupuestaria de la Corporación. Ha recordado que la participación en los ingresos del Estado es la partida más importante de ingresos de un Ayuntamiento y supone aproximadamente el 25% de su presupuesto.
“Se nos van a minorar nuestros ingresos en más de 25 millones, que son los que tenemos que devolver, o mejor dicho, los que se van a quedar antes de mandárnoslos. Llevan varios años haciéndolo mal al calcular nuestra participación por lo que es un problema exclusivamente de un gobierno que mintió, a través de la señora Salgado, en sede parlamentaria, que hinchó, que engrosó ficticiamente la previsión de ingresos para disfrazar los efectos de la crisis, para mentir en los anticipos con una liquidación que ahora tenemos que devolver”, ha manifestado Rita Barberá que ha hablado de una “pésima política que acarrea enormes desajustes presupuestarios a los ayuntamientos”.
Ha llegado a hablar la alcaldesa de que con esa errónea política “se ha trasladado parte de la crisis para que la soportásemos los ayuntamientos, y ha primado su equivocado interés particular por encima del interés general”. En opinión de Rita Barberá se ha hecho una política de deslealtad institucional “trasladando el problema a otro al minorarle sus ingresos y sus capacidades, lo cual atenta contra el principio constitucional de suficiencia financiera de las corporaciones locales”.
En el escrito dirigido a Elena Salgado en el que se pide, como opción “a”, que se suspenda la exigencia de devolución de las cantidades reclamadas o, como opción “b”, que subsidiariamente se acuerde el aplazamiento a diez años de la devolución de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, señalando además que “esta medida no implica incremento alguno de la deuda pública y, a su vez, supondría unas menores necesidades de financiación de las entidades locales”, la alcaldesa Rita Barberá afirma que el Ministerio de Economía “ha incurrido en graves desviaciones debido a un discurso político que durante mucho tiempo negó la situación de crisis económica y que, unidas a unas previsiones carentes de rigor, han generado una situación tan injusta como difícil en las corporaciones locales”.
Como se ha afirmado, además del envío de esta carta se ha presentado ya un recurso ante la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con la cantidad a devolver tras la liquidación del año 2008. Rita Barberá ha insistido en lo perjudicial que para el Ayuntamiento de Valencia ha sido esta previsión falta de ingresos “y la arbitrariedad en el cálculo de la participación”.
“Usted, mejor que nadie, sabe que la participación en los ingresos del Estado constituye la principal fuente de ingresos de las corporaciones locales, razón por la que cualquier error a la baja en su liquidación puede producir un serio revés en la prestación de los servicios a los ciudadanos”, se afirma en otro párrafo de este escrito en el que por parte de la alcaldesa de Valencia se considera que la actuación del Ministerio de Economía supone “un ataque frontal e inadmisible al principio de suficiencia financiera de las corporaciones locales”.
Se considera que el Ministerio de Economía y Hacienda “ha incurrido tanto en deslealtad institucional como en una grave falta de ética pública”, que en opinión de Rita Barberá se aleja de los principios de la buena administración de los asuntos públicos que “debe estar guiada por el interés general y sustentada en los principios de objetividad, transparencia, ejemplaridad y honradez, con consecuencias que afectan a los ciudadanos pues verían peligrar la prestación de los servicios municipales”.
UN AYUNTAMIENTO SANEADO Y SOLVENTE
Tras extenderse sobre el problema añadido que para las arcas municipales supone esta exigencia de devolución de cantidades mal liquidadas, la alcaldesa de Valencia ha defendido la administración local de la ciudad de Valencia como “rigurosa y seria” y ha dicho que el de Valencia “es un Ayuntamiento saneado y solvente, con una estructura sólida y segura, a pesar de que con menores ingresos tendremos que ser más restrictivos”.
Ha denunciado que algunos miembros del Gobierno Central “tienen una especial predilección por desprestigiar al Ayuntamiento de Valencia”, a la vez que ha negado que sea el segundo más endeudado de España y haya recalcado que lo importante no es la deuda sino el déficit. “El problema es gastar más de lo que se ingresa, crear déficit y Valencia no contribuye a eso por que cierra todos los años con déficit cero y cumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria”.
Respecto a la reciente reforma constitucional, en ese sentido ha matizado que “no afecta para nada” al Ayuntamiento de Valencia “porque ya lo estábamos cumpliendo”. A continuación ha ofrecido los datos de las liquidaciones presupuestarias correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010, “todas ellas con superávit”, al tiempo que ha añadido que también en cuanto a remanente de tesorería y ahorro neto, el saldo es positivo en todos los ejercicios.
Igualmente ha informado de la evolución de la deuda viva, siempre dentro de la ley hasta que cambiaron la ley, y del descenso de los gastos en el capítulo de personal “desde que tuvimos conciencia de la situación”.
Más tarde ha afirmado que “todas las nóminas están aseguradas, estamos al corriente de pagos con Hacienda, con la Seguridad Social, y a los proveedores con aquellas facturas por debajo de 6.000 euros se les paga en menos tres meses, mientras que las facturas de más de 6.000 euros se abonan en un plazo de entre tres y seis meses”. Ha concluido este apartado señalando que el Ayuntamiento de Valencia está más que saneado, en situación de afrontar con responsabilidad la elaboración de un presupuesto en una situación dificilísima y asumiendo la minorización de transferencias (más de 25 millones de euros) como consecuencia de los errores de otros.
Responsabilidad, principio de estabilidad presupuestaria y exigencia de no producir déficit, serán algunas de las líneas de un presupuesto, el de 2012, que partirá de una “congelación absoluta de los impuestos”, mientras que a las tasas se les aplicará exclusivamente el IPC. “Tenemos que ir a un presupuesto restrictivo que nace de una voluntad clara de reducir la deuda, que continúa con los planes de austeridad, mantiene congelada la plantilla, así como las políticas sociales y las inversiones que ya están en marcha”. Se ha referido a la necesidad de garantizar inversiones como el Pont de Fusta, la Plaza Redonda, el Centro Cultural la Rambleta o la ampliación de los cementerios.
Ha recordado que en los últimos años se han invertido en la ciudad más de 500 millones de euros y se han creado 400 nuevas dotaciones, “pero ahora tenemos 49 nuevos edificios que mantener”. Ha asegurado que el de 2012 será “un presupuesto muy comprometido con los valencianos”, en el que habrá contención en el gasto no productivo y más políticas de empleo. También ha criticado la que ha calificado como “demagogia del señor Rubalcaba” para asegurar que “no compartimos la solución de los parches y de subir determinados impuestos”.
Ha anunciado más tarde la unificación de pliegos de mantenimiento de 303 edificios municipales y ha desvelado algunas de las cifras de los planes de austeridad, con un 25% de reducción en el parque móvil, 40% en fotocopiadoras, 73% en mobiliario, 47% en vestuario o 28% en electricidad. “Llevamos 3 años con planes de austeridad y vamos a seguir, pero quiero denunciar la política antimunicipalista de la señora Salgado, demostrar la solidez del Ayuntamiento y marcar los criterios de nuestro presupuesto”.
Rita Barberá ha informado de que ha enviado una copia de esta carta a todos los alcaldes y alcaldesas de capitales de provincia, a todas las presidentas o presidentes de diputación para que se sumen a esta propuesta y los ayuntamientos no se vean afectados en su estabilidad presupuestaria por un error generado desde el Gobierno Central al liquidar mal la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado durante esos dos ejercicios.
Ha afirmado que ha sido el Gobierno Central el que se ha saltado la estabilidad presupuestaria al calcular la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado, de lo cual se derivan graves consecuencias que van a ser especialmente importantes en el próximo ejercicio ya que los presupuestos se van a prorrogar debido a la celebración de las elecciones generales.
La cantidad que el Ayuntamiento deberá devolver tras las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 asciende a 126.462.179,95 euros, de los cuales el próximo año le corresponde devolver la quinta parte de los 96.414.562,63 euros correspondientes a la liquidación del año 2009, más otra quinta parte de los 30.047.617,32 euros de 2008. En la carta que dirige a la vicepresidenta del Gobierno para Asuntos económicos y ministra de Economía y Hacienda, se afirma textualmente que esta minoración de la financiación al Ayuntamiento de Valencia “deriva de su exclusiva responsabilidad por erróneas decisiones adoptadas por ese Ministerio”.
La alcaldesa Rita Barberá ha dicho que se inicia el proceso de elaboración del presupuesto del año 2012 partiendo de esa obligación de reintegrar a las arcas del Estado 25.292.435,99 euros, lo que sin duda perjudica gravemente el principio de estabilidad presupuestaria de la Corporación. Ha recordado que la participación en los ingresos del Estado es la partida más importante de ingresos de un Ayuntamiento y supone aproximadamente el 25% de su presupuesto.
“Se nos van a minorar nuestros ingresos en más de 25 millones, que son los que tenemos que devolver, o mejor dicho, los que se van a quedar antes de mandárnoslos. Llevan varios años haciéndolo mal al calcular nuestra participación por lo que es un problema exclusivamente de un gobierno que mintió, a través de la señora Salgado, en sede parlamentaria, que hinchó, que engrosó ficticiamente la previsión de ingresos para disfrazar los efectos de la crisis, para mentir en los anticipos con una liquidación que ahora tenemos que devolver”, ha manifestado Rita Barberá que ha hablado de una “pésima política que acarrea enormes desajustes presupuestarios a los ayuntamientos”.
Ha llegado a hablar la alcaldesa de que con esa errónea política “se ha trasladado parte de la crisis para que la soportásemos los ayuntamientos, y ha primado su equivocado interés particular por encima del interés general”. En opinión de Rita Barberá se ha hecho una política de deslealtad institucional “trasladando el problema a otro al minorarle sus ingresos y sus capacidades, lo cual atenta contra el principio constitucional de suficiencia financiera de las corporaciones locales”.
En el escrito dirigido a Elena Salgado en el que se pide, como opción “a”, que se suspenda la exigencia de devolución de las cantidades reclamadas o, como opción “b”, que subsidiariamente se acuerde el aplazamiento a diez años de la devolución de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, señalando además que “esta medida no implica incremento alguno de la deuda pública y, a su vez, supondría unas menores necesidades de financiación de las entidades locales”, la alcaldesa Rita Barberá afirma que el Ministerio de Economía “ha incurrido en graves desviaciones debido a un discurso político que durante mucho tiempo negó la situación de crisis económica y que, unidas a unas previsiones carentes de rigor, han generado una situación tan injusta como difícil en las corporaciones locales”.
Como se ha afirmado, además del envío de esta carta se ha presentado ya un recurso ante la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con la cantidad a devolver tras la liquidación del año 2008. Rita Barberá ha insistido en lo perjudicial que para el Ayuntamiento de Valencia ha sido esta previsión falta de ingresos “y la arbitrariedad en el cálculo de la participación”.
“Usted, mejor que nadie, sabe que la participación en los ingresos del Estado constituye la principal fuente de ingresos de las corporaciones locales, razón por la que cualquier error a la baja en su liquidación puede producir un serio revés en la prestación de los servicios a los ciudadanos”, se afirma en otro párrafo de este escrito en el que por parte de la alcaldesa de Valencia se considera que la actuación del Ministerio de Economía supone “un ataque frontal e inadmisible al principio de suficiencia financiera de las corporaciones locales”.
Se considera que el Ministerio de Economía y Hacienda “ha incurrido tanto en deslealtad institucional como en una grave falta de ética pública”, que en opinión de Rita Barberá se aleja de los principios de la buena administración de los asuntos públicos que “debe estar guiada por el interés general y sustentada en los principios de objetividad, transparencia, ejemplaridad y honradez, con consecuencias que afectan a los ciudadanos pues verían peligrar la prestación de los servicios municipales”.
UN AYUNTAMIENTO SANEADO Y SOLVENTE
Tras extenderse sobre el problema añadido que para las arcas municipales supone esta exigencia de devolución de cantidades mal liquidadas, la alcaldesa de Valencia ha defendido la administración local de la ciudad de Valencia como “rigurosa y seria” y ha dicho que el de Valencia “es un Ayuntamiento saneado y solvente, con una estructura sólida y segura, a pesar de que con menores ingresos tendremos que ser más restrictivos”.
Ha denunciado que algunos miembros del Gobierno Central “tienen una especial predilección por desprestigiar al Ayuntamiento de Valencia”, a la vez que ha negado que sea el segundo más endeudado de España y haya recalcado que lo importante no es la deuda sino el déficit. “El problema es gastar más de lo que se ingresa, crear déficit y Valencia no contribuye a eso por que cierra todos los años con déficit cero y cumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria”.
Respecto a la reciente reforma constitucional, en ese sentido ha matizado que “no afecta para nada” al Ayuntamiento de Valencia “porque ya lo estábamos cumpliendo”. A continuación ha ofrecido los datos de las liquidaciones presupuestarias correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010, “todas ellas con superávit”, al tiempo que ha añadido que también en cuanto a remanente de tesorería y ahorro neto, el saldo es positivo en todos los ejercicios.
Igualmente ha informado de la evolución de la deuda viva, siempre dentro de la ley hasta que cambiaron la ley, y del descenso de los gastos en el capítulo de personal “desde que tuvimos conciencia de la situación”.
Más tarde ha afirmado que “todas las nóminas están aseguradas, estamos al corriente de pagos con Hacienda, con la Seguridad Social, y a los proveedores con aquellas facturas por debajo de 6.000 euros se les paga en menos tres meses, mientras que las facturas de más de 6.000 euros se abonan en un plazo de entre tres y seis meses”. Ha concluido este apartado señalando que el Ayuntamiento de Valencia está más que saneado, en situación de afrontar con responsabilidad la elaboración de un presupuesto en una situación dificilísima y asumiendo la minorización de transferencias (más de 25 millones de euros) como consecuencia de los errores de otros.
Responsabilidad, principio de estabilidad presupuestaria y exigencia de no producir déficit, serán algunas de las líneas de un presupuesto, el de 2012, que partirá de una “congelación absoluta de los impuestos”, mientras que a las tasas se les aplicará exclusivamente el IPC. “Tenemos que ir a un presupuesto restrictivo que nace de una voluntad clara de reducir la deuda, que continúa con los planes de austeridad, mantiene congelada la plantilla, así como las políticas sociales y las inversiones que ya están en marcha”. Se ha referido a la necesidad de garantizar inversiones como el Pont de Fusta, la Plaza Redonda, el Centro Cultural la Rambleta o la ampliación de los cementerios.
Ha recordado que en los últimos años se han invertido en la ciudad más de 500 millones de euros y se han creado 400 nuevas dotaciones, “pero ahora tenemos 49 nuevos edificios que mantener”. Ha asegurado que el de 2012 será “un presupuesto muy comprometido con los valencianos”, en el que habrá contención en el gasto no productivo y más políticas de empleo. También ha criticado la que ha calificado como “demagogia del señor Rubalcaba” para asegurar que “no compartimos la solución de los parches y de subir determinados impuestos”.
Ha anunciado más tarde la unificación de pliegos de mantenimiento de 303 edificios municipales y ha desvelado algunas de las cifras de los planes de austeridad, con un 25% de reducción en el parque móvil, 40% en fotocopiadoras, 73% en mobiliario, 47% en vestuario o 28% en electricidad. “Llevamos 3 años con planes de austeridad y vamos a seguir, pero quiero denunciar la política antimunicipalista de la señora Salgado, demostrar la solidez del Ayuntamiento y marcar los criterios de nuestro presupuesto”.
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