Un empresario propietario de varias TDT ilegales de Castelló y la firma de la que es apoderado han interpuesto una querella por un presunto delito de prevaricación contra la directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars. José Antonio Marzá y la mercantil Gestión de Redes Digitales, que transporta la señal de los canales Televisión de Benicàssim, Televisión Fadrell, TVO, MiTV, TVC y TV4 de Vila-Real, ha sido multado por la Generalitat en los últimos años con más de 150.000 euros por emitir sin licencia. Todas las sanciones van firmadas por Ibars que es quien tiene la competencia para velar por el buen uso del espacio radioeléctrico.
La querella fue interpuesta el pasado 15 de julio en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia y también incluye a Juan Gisbert Moya, jefe de Servicio de Comunicación de la Generalitat. Marza está asesorado en esta denuncia por el bufete de abogados de la Asociación de Televisiones Locales de Proximidad, de la que también es presidente.
En la querella, Marzá denuncia que mientras a sus seis televisiones, que no obtuvieron licencia de TDT en el concurso de 2005, se las ha sancionado con multas por valor de miles de euros "en estos últimos cinco años se ha puesto de manifiesto que los concesionarios de dichas licencias otorgadas por la Generalitat valenciana no ha cumplido con los requisitos de la concesión, violentando continuamente la Ley Audiovisual y las bases de dicha concesión (prohibición de emitir en cadena, programas para adultos...)". Además, recuerda que muchos otros canales que tampoco tienen licencia siguen emitiendo "sin ningún tipo de cortapisa" por parte de la Dirección General de Promoción Institucional.
Las seis televisiones propiedad de Marzá y de la mercantil Gestión de Redes Digitales son, junto a TV3, las únicas que han sido sancionadas por emisiones ilegales, como reveló hace varios meses la Conselleria de Presidencia.
Pese a ser las únicas entidades sancionadas la reacción ha sido totalmente diferente. Mientras en un primer momento ambas mantuvieron las emisiones pese a ser ilegales a la normativa valenciana, con el aumento de las multas, 800.000 euros a ACPV y 150.000 a la firma de Marzá, la asociación cívica decidió parar las emisiones de TV3. Por su parte, el empresario castellonense siguió hasta el final manteniendo las emisiones e interponiendo ahora una denuncia contra Ibars y un jefe de servicio de la Generalitat.
Marzá aseguró que "existen pruebas de que pueda haber prevaricación". "¿Por qué me están multando a mi y no a otras televisiones que emiten de manera ilegal?", se preguntó. Marzá manifestó que algunas de las televisiones que no tienen licencia y que siguen emitiendo sin recibir ninguna sanción "cumplen los mismos requisitos puesto que yo les llevo el servicio técnico".
Para el empresario, "nos quieren cerrar las televisiones a sabiendas de que no pueden hacerlo y de que no tienen competencia puesto que es estatal". La responsabilidad estatal es el mismo argumento que mantiene Acció Cultural del País Valencià en su defensa para mantener las emisiones de TV3 aunque los casos no son similares. De hecho, en el recurso al Tribunal Supremo recuerdan que la asociación cultural "es una mera transportadora de señal y no realiza contenidos".
El empresario rebelde aseguró ayer que el cierre de sus televisiones "dejará a muchas familias en el paro cuando en la actualidad encontrar un puesto de trabajo es muy difícil".
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